lunes, 7 de marzo de 2016

El interventor de Mogán corrige a Onalia Bueno.

Cada día que pasa, estamos más convencidos que Onalia "Bueno", debería llamarse Onalia "Malo". Y decimos esto, porque es ahora el interventor municipal el que enmienda las declaraciones realizadas por la "todo poderosa" alcaldesa, cuando desde Nueva Canarias hicimos público que se había contratado ilegalmente a un despacho de abogados.

La alcaldesa dijo en los medios de comunicación, como en el canariasahora: " por su parte, Onalia Bueno ha sentenciado que en este contrato no hay "nada fuera de la legalidad" y que de lo contrario el interventor y los técnicos habrían puesto reparo. "Viene visado por la intervención municipal", sostiene la alcaldesa moganera, quien explica que para adjudicar un contrato como este primero hay que presentar la propuesta de contratación, después el contrato lo revisa el asesoramiento jurídico, quien da el visto bueno de que se cumplen "todas las bendiciones para ser contratado este gabinete" y después vas a la intervención municipal.
"Si el interventor firma en la reserva de crédito que es apto para contratar los servicios pues la bendición del interventor está. Si no nos ha puesto reparo es que está todo ok", por lo que descarta cualquier ilegalidad de la que le acusa Nueva Canarias. "Eso es lo que dicen ello, nosotros decimos lo contrario". 
Pues bien el pasado 1 de marzo, el interventor municipal,  a instancias de la portavoz nacionalista, Isabel Santiago, emitió un informe al respecto, en el que no sólo le da la razón a Nueva Canarias, sino que además, pone de manifiesto que la alcaldesa de Mogán no se entera del procedimiento administrativo, pues según la ley de haciendas locales, no procede la fiscalización de los contratos menores, al contrario de lo que afirmó en prensa la regidora local.
En dicho informe el interventor, explica que la adjudicación incumplía la ley, tal y como afirmó Isabel Santiago, y que para solventar la situación, o se iniciaba un procedimiento de contratación, o éste debía adjudicarse por un importe inferior a los 18.000,00€.
Finaliza el informe del interventor, indicando que se ha dictado un nuevo decreto, el nº 460/2016 que corrige el error, y se adjudica por importe de 17.950,€.

Los hechos ciertos y objetivos, sitúan a cada uno dónde le corresponde, a Isabel Santiago, defendiendo el interés general de todos los vecinos desde la oposición, y a la alcaldesa mal gestionando los recursos públicos desde el gobierno. Lo que nos lleva a concluir que no siempre los mejores son los responsables de gestionar un municipio, sino aquellos que consiguen llegar al poder a costa de lo que sea. 

Desde Nueva Canarias, vamos a seguir fiscalizando y controlando las actuaciones del gobierno de Ciuca-Psoe, el peor que se recuerda en muchos años.


Mogán y sus ciudadanos se merecen algo mejor, algo a la altura del futuro que todos deseamos.

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