En los últimos días se está hablando mucho en nuestro
municipio, sobre el pago de los más de 5 millones de euros a los que los
vecinos de Mogán deberán hacer frente, por haber sido condenado el Ayuntamiento
a ello.
Muchas y diversas son las opiniones que he oído, y
todas tienen algo de verdad y de razón, y otras no las comparto porque ponen de
manifiesto no conocer el problema desde sus inicios.
El problema se origina en 1987, no con la
clasificación del suelo como urbano por las normas subsidiarias, sino desde que
el Ayuntamiento de la época, con sus políticos de turno, acordaron expropiar
los terrenos del cementerio a una familia de Mogán.
Toda expropiación, implica, por ley, la consecuente
indemnización, por aquello que siendo propiedad de un particular, la
administración pública decide convertirse en propietario de los mismos para
prestar servicios públicos a los vecinos, par servir al interés general.
El proceso iniciado en 1987, el de la expropiación y
el de la clasificación de los terrenos como urbanos, son el origen de esta
situación.
Con el paso de los años, la familia expropiada asiste
atónita a como el Ayuntamiento no sólo les privó del uso de sus terrenos, sin
que además no se realizaban las inversiones previstas en dichos terrenos, y que
justificaron la expropiación.
¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros cuando nos
privan del disfrute de lo que es nuestro, sin ser indemnizados por ello?.
Debemos ser sinceros con la respuesta, pues de ella, podremos comprender como
actúan los demás.
Años antes del 2003, la familia siempre mostró su
predisposición a negociar con el Ayuntamiento, para llegar a un acuerdo, sobre
el precio que debían pagar por los terrenos expropiados. El único alcalde que
hizo lo mejor pensando en la defensa del interés general, fue D. Silverio
Martín, quien al precio de 6.000 pesetas redujo el coste de lo expropiado.
Posteriormente, y existen documentos públicos que así
lo acreditan, ofrecieron al Ayuntamiento la posibilidad de saldar la deuda con
el pago en especie en solares, y en metálico. Pero en el año 2003, la capacidad
negociadora de los responsables políticos, entre los que se encontraba la ahora
alcaldesa Onalia Bueno, hicieron que el problema se enquistara y no le quedase
otro remedio a la familia que acudir a los tribunales para defender sus
derechos. Lo mismo que haríamos cualquiera que sienta lesionado sus derechos.
Así las cosas, dese el Ayuntamiento se fija un justiprecio,
el que ahora debemos abonar todos los vecinos de Mogán, y se establece dicha
valoración partiendo de la base, que los terrenos son calificados como urbanos
tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Canarias.
Iniciado el camino del jurado de expropiación
forzosa, y rechazada la tasación por el Ayuntamiento, sin que alegase en ningún
momento del proceso, y eso está recogido en los documentos que conforman el
expediente, que se haya incurrido en un error de clasificación de los terrenos,
que a todas todas, hoy sabemos que son rústicos.
La familia, volvió a poner de manifiesto su buena
voluntad, a pesar de haber sido maltratados durante 25 años, por unos
responsables políticos ciego, sordos y mudos, y le dijo al Ayuntamiento que sus
terrenos eran rústicos y no urbanos. Pero a pesar de ello, nuestros
representantes no hicieron lo debido.
Para no cansarles, al final la justicia le reconoció
un derecho a la familia expropiada que ahora debemos pagar todos. Llegados a
este punto, ¿qué es lo que debemos hacer?.
La respuesta a esta pregunta la hemos planteado desde
Nueva Canarias, desde hace más de 4 años, porque quiero recordarles que esta
situación no es nueva, sino que tiene sentencia desde el año 2011.
En una de las sentencias recaídas en este proceso,
concretamente la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, de fecha 13/07/2011, respecto del recurso nº179/2010,
interpuesto por este Ayuntamiento contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, el Magistrado Ponente recomienda al Ayuntamiento
que ejercite la vía descrita en el art. 145.3 de la Ley 30/1992 del PAC, e
inicie el procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial, para que los
que se equivocaron paguen por su error, error que hoy debemos asumir todos los
ciudadanos de Mogán.
Y esta fue la misma propuesta que planteamos desde
Nueva Canarias, a través de una moción presentada al pleno en enero de 2012,
hace ahora 3 años. La moción fue suscrita por quienes hoy están en el gobierno,
y rechazada por el PP. Esto supone que tanto Ciuca como el Psoe, eran
conocedores de la situación, por lo que está fuera de lugar que ahora pongan el
grito en el cielo.
Centrándonos ahora en el momento actual, desde Nueva
Canarias, presentamos en el mes de septiembre de 2015, una segunda moción en la
que solicitábamos que dado que el Gobierno de Canarias, dio el visto bueno a
que lo rústico era urbano, le corresponde a éste asumir el coste del pago de la
deuda. Por ello, planteamos un acuerdo en el que instábamos a la alcaldesa a
que solicitara un informe jurídico a la asesoría jurídica municipal, que
determinase el camino legal a seguir para reclamar al Gobierno de Canarias el
pago de su error.
La propuesta fue aprobada, pero al día de la fecha la
alcaldesa no ha cumplido con lo acordado en el pleno, y no ha solicitado ese
informe. Pero no queda ahí la cosa, el grupo de gobierno actual, pasó por alto
las recomendaciones del interventor, formuladas por escrito en dos informes,
uno de marzo (siendo gobierno el PP) y otro de septiembre (siendo gobierno
Ciuca), en el que aconsejaba pedir un crédito, junto con otras acciones
conjuntas, para pagar todo lo adeudado y evitar que los intereses continuasen
creciendo, pues de lo contrario el total a abonar podría llegar a rondar los
casi 8 millones de euros.
Ni el PP, de entonces ni el gobierno de Ciuca-Psoe,
siguieron las recomendaciones del interventor, por lo que ahora es la justicia
la que les dice que como tienen dinero deben pagar en algo mas de tres meses.
Hecho este recorrido, en el que seguro me he dejado
detalles en el camino, creo importante centrar el tema en cuestión en varios
aspectos:
1.- La familia tiene unos derechos indemnizatorios
reconocidos por la justicia.
2.- Existen medios para reclamar la responsabilidad
patrimonial de los culpables del error, que permitieron que se llegase a este
extremo.
La responsabilidad patrimonial, que es la vía que
planteamos por Nueva Canarias, tanto en el 2012, como en el 2015, no ha sido
puesta en marcha ni por el PP, cuando tuvo ocasión, ni por Ciuca-Psoe ahora que
están en el gobierno, y que era una opción que cuando eran oposición si
apoyaron. La realidad de los hechos, pone de manifiesto, que SÍ es posible recuperar este dinero,
que existe una vía, la que yo misma planteé en dos ocasiones, al menos, ante el
pleno municipal, pero ninguno de los que detentan el poder, ha tenido la
valentía de iniciar este camino, para defender los intereses generales de Mogán
y de sus vecinos.
No es tiempo de buscar culpables, sino de depurar
responsabilidades, para evitar que se use la expropiación como un derecho
caciquil, en vez de ser un medio
para mejorar las dotaciones básicas de nuestro municipio.
Desde Nueva Canarias, llevamos años, planteando esta
opción como una tercera vía, que surge entre dos gobiernos el del PP y el de
Ciuca-Psoe. El tiempo, tristemente nos ha dado la razón, pero no alcanzo a
comprender porque los que hoy gobiernan en Mogán no son capaces de defender los
derechos de los moganeros, y exigir responsabilidades al Gobierno de Canarias.
Esto tiene solución, pero creo que no hay voluntad
política para conseguirlo, el gobierno prefiere entregarse al victimismo,
aferrarse al pasado, para justificar su incapacidad, y seguir culpando a quien,
ciertamente tiene parte del culpa en todo este lío (me refiero a Paco
González), para mientras tanto, asistir atónitos y con la boca abierta, y
paralizados por el miedo al qué dirán aquellos que miran decepcionados al
gobierno de Ciuca-Psoe.
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